La Fiscalía quedaría facultada para registrar y cruzar las llamadas telefónicas de cualquier ciudadano. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional cambió la redacción del artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, que permitía la detención inmediata del sospechoso de un delito, y en su lugar redactó la norma que legalizaría el seguimiento de celulares o teléfonos.
Si se aprueba la reforma de ese artículo, los fiscales pueden “exigir información de cualquier particular o funcionario, emplazándolos conforme con las circunstancias del caso” y los policías están obligados a cumplir con el mandato oficial, sin que sea necesario una autorización de un tribunal.
Información tomada del Portal del Periódico El Nacional
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